Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón,
Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco
Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables
de crímenes de guerra en México.
Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal
Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a
continuación se narran.
Felipe Calderón declaró el inicio de una
"guerra" contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha
resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años.
Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina
mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó
varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado
continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han
solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar
los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010
este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los
Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de
Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más
desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia
generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de
los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que
perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a
diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la
Infancia en México).
Se han repetido sistemáticamente violaciones a los
derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos
encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número
de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente
para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras).
Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta
autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos
grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de
drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han
rebasado de forma catastrófica:
El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a
niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante
operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación
con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a
los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de
Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional
de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI
conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.
El ejército también ha encubierto y dejado impune la
violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de
búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en
su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así
como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos
Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo
8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de
ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces
mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren
asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de
Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines
intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009).
Este crimen es
competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.
Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a
migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica.
Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista -concebida
desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en
una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas
las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una
fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han
repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades
públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre
los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas
centroamericanas denunciaron que fueron "vendidas" por agentes del
Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10
de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa
humanidad.
Los cárteles de la droga practican mutilaciones
cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para
enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También
reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en
sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados
por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los
derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI
conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma.
Además se han generalizado los ataques a centros de
rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los
ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos
centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar
solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8.
2 e) iv) del Estatuto de Roma.
Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos
cotidianamente en México.
El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad,
pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan
estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los
tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al
titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello
la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la
República), lo que también significa que no se persigue a los altos
funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es
posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado,
torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance
del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de
civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de
Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado
que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y,
en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos
humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco
vs. México).
Ante la negativa en nuestro país para castigar a los
responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante
impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos
al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base
de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo
15.1 del Estatuto de Roma de la CPI.
