15O Monumento a la Revolución

15O Asamblea Permanente de los Mexicanos Indignados

Jornadas de octubre. Comunicado de la APMI

JORNADAS DE OCTUBRE

LA SOCIEDAD EN MOVIMIENTO

Todas las Voces, Todos los Agraviados, Todos los Indignados

Por una Salida al Desastre Nacional con Paz, Justicia y Dignidad

Manifiesto al pueblo de México,

Organizaciones y movimientos sociales; trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, ambientalistas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ciudadanos y ciudadanas no organizados, nos encontramos el pasado primero de septiembre en el Zócalo de la ciudad de México para expresar la indignación que recorre el país y para dar cuenta del verdadero estado que guarda la nación; realizamos un contrainforme popular al Informe perverso y lleno de mentiras que presentó Felipe Calderón, al que calificamos como “Quinto Infierno de Gobierno”.

En nuestra Declaración Final señalamos que la verdad es que el país no aguanta más. Se precipita en el desastre de la violencia cotidiana y generalizada, en el desempleo y el hambre, en la violación de los derechos más elementales, en la destrucción del tejido social, en la pérdida de los valores humanos. El país entero se encuentra sumido en una “guerra” absurda provocada por el propio gobierno federal y los intereses norteamericanos, que ha dejado ya un saldo de 50 mil muertos y otros miles de desaparecidos; las víctimas inocentes de la violencia se multiplican en medio de la mayor impunidad y una creciente militarización de la vida nacional que sólo está consiguiendo sumir a México en el horror. El propio estado es el primero en contribuir a este clima de inseguridad al ejercer la violencia en contra de la población descontenta y al criminalizar la protesta social.

A tal estado de violencia lo acompaña una crisis económica interminable que cancela las posibilidades de desarrollo soberano y endeuda cada vez más a los mexicanos, en beneficio de unos cuantos grandes empresarios y de los grandes capitales extranjeros. Petróleo, electricidad, minas, redes de fibra óptica, obras públicas, agua, gas, bancos, comercio, tierras, centros ceremoniales milenarios, playas, fondos de pensión, presupuestos educativos, biodiversidad y todo aquello que pueda dejarles alguna ganancia ha sido saqueado a través de procesos de privatización ilegales, contraviniendo los Artículos 3º, 27º, 28º y 123º de la Constitución.

En cinco años de gobierno usurpador, el panorama es desolador: el número de pobres creció en 10 millones; los ingresos de trabajadores y capas medias disminuyeron en casi un tercio; los nuevos desempleados aumentaron en 3 millones, en tanto 7 o más millones de jóvenes carecen de empleo y de la oportunidad de asistir a la escuela. La dependencia alimentaria, el despojo de los bienes nacionales y la desarticulación sistemática de todo proyecto o propuesta de soberanía económica, política y cultural, nos condenan a vivir en situaciones de pobreza, inseguridad, discriminación y explotación, semejantes a las vividas en épocas de servidumbre y dictadura abierta. Los damnificados de la crisis y el modelo económico que la causó proliferan en todas partes, huyen del país principalmente a Estados Unidos, potencia que extiende cada vez más su injerencia sobre el destino de nuestra nación.

La desastrosa política económica neoliberal se da a costa de hacer retroceder todos los derechos sociales más de un siglo. En medio de los ataques a las organizaciones sindicales democráticas e independientes que existen en el país, como las de electricistas y mineros, se amenaza ahora con una reforma laboral que busca legalizar las más brutales violaciones de los derechos de las y los trabajadores. La justicia y el reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos originarios sigue siendo un pendiente histórico, lo mismo que la democracia, secuestrada por intereses económicos, mafias y aparatos partidarios.

Por estas y muchas otras razones es que los mexicanos y las mexicanas estamos cada vez más indignados, verdaderamente “encabronados”.

Creemos que ya es tiempo de que se haga escuchar el clamor nacional por justicia, en una sola voz, con tal fuerza que sacuda la conciencia de la sociedad, cimbre a los de arriba, obligue a los poderes, intereses y mafias que pretenden que todo siga igual a dar paso a una salida nacional que ponga freno al desastre y la violencia, restituya el tejido social, los cimientos de la nación.

Sabemos que eso sólo será posible con un gran proceso de convergencia social nacional. Por ello llamamos a hacer escuchar que “estamos hasta la madre”, a que se escuchen todas la voces, todos los descontentos, todas las reivindicaciones, para que juntos encontremos una salida en la quepamos todos. Por eso es que convocamos a la mayor unidad nacional de todas las organizaciones, movimientos, luchas, agraviados, descontentos, en las jornadas de movilización y protesta de octubre, en las más diversas acciones que cada cual desarrolle en todos los rincones del país y con las siguientes acciones centrales durante octubre:

10 de octubre. Foro de análisis: Las violaciones Constitucionales y legales del Estado Mexicano en el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas SME, se llevará acabo en el auditorio del SME, insurgentes 98. 10:00 Hrs.

11 de octubre. Dos años de Lucha y Resistencia. ¡Seguimos de pie y con la frente en alto!. Asamblea informativa y verbena popular del SME en el Monumento a la Revolución. 17:00 Hrs.

12 de octubre. Marcha de la CNTE del Zócalo a la Cámara de Diputados. 09:00 Hrs. Movilización Unitaria Nacional e Internacional de la Dignidad y Lucha de los Pueblos. Del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. 16:00 Hrs. Parada simbólica en la Glorieta de Colón.

15 de octubre. Tribuna abierta de los Mexicanos Indignados en el Monumento a la Revolución.10:00 Hrs

Esta semana unitaria de protesta la realizaremos a la par de las movilizaciones internacionales que han sido convocadas para esas fechas por los movimientos sociales y los indignados de todo el mundo. Todas y todos tenemos un lugar en esa expresión de la indignación, autoconvocados, cada quien por sus motivos y sentimientos, pero bajo las aspiraciones más globales y urgentes que nos unen.

¡NO MÁS SANGRE, NO MÁS HAMBRE, TRABAJO Y VIDA DIGNA!

FRATERNALMENTE

Asamblea Permanente de los Mexicanos Indignados

Sindicato Mexicano de Electricistas, Sección XVIII SNTE-CNTE, Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana; Comisionado Nacional del CEN Manuel Ángel Severino García, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior; Secretario General Raúl Pérez Ríos, Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México; Secretario de Relaciones Carlos Galindo Galindo, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear; Secretaría de Organización Luís Morales Juárez, Sindicato Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro; Presidenta de Vigilancia E. Mercedes Castañeda García, Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de Salud; Secretario General Dr. Antonio Sánchez Arteaga, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada, Secretaría General Matilde Pérez Uribe, Federación Sindical Mundial México, Frente Sindical Mexicano, Sección VII SNTE-CNTE, Sección XXXIV SNTE-CNTE, Sección XXXVI SNTE-CNTE, Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaria de Seguridad Publica Federal; Secretario General Humberto Coporo Quintana, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara; Secretaría de Relaciones Celia Fausto Lizaola, Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Conalep Tlaxcala. Y siguen centenas de firmas de personalidades, sindicatos y organizaciones políticas y sociales.

Responsable de la Publicación

José Humberto Montes de Oca Luna

Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas

Jornada 1 de septiembre. Declaración final

DECLARACIÓN FINAL

JORNADA DE L@S INDIGNAD@S Y CONTRAINFORME POPULAR

1º. DE SEPTIEMBRE, ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Al Pueblo de México

A la opinión pública nacional e internacional

Hermanas y hermanos mexicanos,

Nosotros y nosotras, integrantes de organizaciones y movimientos sociales; acampados y manifestantes; trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, ambientalistas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ciudadanos y ciudadanas no organizados, nos hemos encontrado en este Zócalo de la ciudad de México para expresar la indignación que recorre el país y para dar cuenta del verdadero estado que guarda la nación; un contrainforme popular al Informe seguramente perverso y lleno de mentiras que el ilegítimo jefe del ejecutivo dará este primero de septiembre, al que ya se califica de “Quinto Infierno de Gobierno”.

La verdad es que el país no aguanta más. Se precipita en el desastre de la violencia cotidiana y generalizada, en el desempleo y el hambre, en la violación de los derechos más elementales, en la destrucción del tejido social, en la pérdida de los valores humanos. En cinco Mesas de Análisis, expertos, dirigentes sociales y ciudadanos comunes hemos hecho el diagnóstico nacional y expresado nuestras aspiraciones y alternativas.

El país entero se encuentra sumido en una “guerra” absurda provocada por el propio gobierno federal y los intereses norteamericanos, que ha dejado ya un saldo de 50 mil muertos y desaparecidos, en el que las víctimas inocentes de la violencia se multiplican en la mayor impunidad y en medio de una creciente militarización de la vida nacional que sólo está consiguiendo sumir a México en el horror. El propio estado es el primero en contribuir al ejercer la violencia en contra de la población descontenta y criminalizar la protesta social.

Tal estado de violencia acompaña a una crisis económica interminable que cancela las posibilidades de desarrollo soberano y endeuda cada vez más a los mexicanos, en beneficio de algunos cuantos grandes empresarios y de los grandes capitales extranjeros. Petróleo, electricidad, minas, redes de fibra óptica, obras públicas, agua, gas, bancos, comercio, tierras, centros ceremoniales milenarios, playas, fondos de pensión, presupuestos educativos, biodiversidad y todo aquello que pueda dejar alguna ganancia ha sido saqueado a través de procesos de privatización ilegales, contraviniendo los Artículos 3º, 27º, 28º y 123º de la Constitución.

En cinco años de gobierno usurpador, el panorama es desolador: el número de pobres creció en 10 millones; los ingresos de trabajadores y capas medias disminuyeron en casi un tercio; los nuevos desempleados aumentaron en 3 millones, en tanto 7 o más millones de jóvenes carecen de empleo y de la oportunidad de asistir a la escuela. La dependencia alimentaria, el despojo de los bienes nacionales y la desarticulación sistemática de todo proyecto o propuesta de soberanía económica, política y cultural, nos condenan a vivir en situaciones de pobreza, inseguridad, discriminación y explotación, semejantes a las vividas en épocas de servidumbre y dictadura abierta. Los damnificados de la crisis y el modelo económico que la causó proliferan en todas partes, huyen del país principalmente a Estados Unidos, potencia que extiende cada vez más su injerencia sobre el destino de nuestra nación.

Tal desastrosa política económica neoliberal se da a costa de todos los derechos

sociales, los que van retrocediendo un siglo. En medio de los ataques a las organizaciones sindicales democráticas e independientes que existen en el país, como las de electricistas y mineros, se amenaza ahora con una reforma laboral que busca legalizar las más brutales violaciones de los derechos de las y los trabajadores. La justicia y el reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos originarios sigue siendo un pendiente histórico, lo mismo que la democracia, secuestrada por intereses económicos, mafias y aparatos partidarios.

Por estas y muchas otras razones contenidas en el Contrainforme Popular es que los mexicanos y las mexicanas estamos cada vez más indignados, verdaderamente “encabronados”. Exigimos, entre otras cosas, el regreso del ejército a sus cuarteles, el fin de la guerra absurda de Calderón y de la impunidad; la renacionalizaación irrestricta de la Industria Energética; la puesta en marcha de políticas que garanticen la Soberanía Alimentaria y la justicia social en el campo; una agresiva defensa del Medio Ambiente y de lucha en contra del cambio climático; el cabal respeto a los Derechos y Culturas de los Pueblos y Naciones Originarias; la aplicación plena del derecho a la Educación Pública, Gratuita y Laica; el ejercicio franco de la totalidad de nuestros derechos laborales; el goce de nuestro Patrimonio Cultural y Arqueológico; el desarrollo amplio de la Investigación Científica y Tecnológica; el derecho a la Vivienda Amplia y Digna, en un entorno democrático y de convivencia social; el ejercicio pleno de los Derechos Políticos y Libertades Democráticas con democracia participativa; el castigo ejemplar a los torturadores y violadores de derechos humanos. En particular, llamamos a defender y reforzar este digno campamento en el Zócalo y exigimos la solución definitiva a las justas demandas del SME: libertad a sus presos políticos, toma de nota inmediata a la dirección del sindicato, devolución de las cuentas del SME, solución de fondo por medio del reconocimiento del patrón sustituto o la creación en el Congreso de un nuevo organismo que brinde el servicio público de electricidad n el centro del país.

Creemos que ya es tiempo de que se haga escuchar el clamor nacional por justicia, en una sola voz, con tal fuerza que sacuda la conciencia de la sociedad, cimbre a los de arriba, obligue a los poderes, intereses y mafias que pretenden que todo siga igual a dar paso a una salida nacional que ponga freno al desastre y la violencia, restituya el tejido social, los cimientos de la nación.

Sabemos que eso sólo será posible con un gran proceso de convergencia social nacional. Por ello estamos reunidos hoy en el Campamento de los Indignados en el Zócalo de la ciudad de México, para hacer escuchar que “estamos hasta la madre”, para que se escuchen todas la voces, todos los descontentos, todas las reivindicaciones, para que juntos encontremos una salida en la quepamos todos. Este es sólo el inicio de una gran movilización social. Por eso es que anunciamos hoy primero de septiembre del 2011 que:

* Hemos decidido constituirnos en Asamblea Permanente de las y los Indignados Mexicanos

* Convocamos a movilizarnos el próximo 8 de septiembre con los usuarios de energía eléctrica

* Convocamos desde ya al mayor punto de convergencia nacional de todas las organizaciones, movimientos, luchas, agraviados, descontentos, en las jornadas de movilización del 12 al 15 de octubre, a la par de las movilizaciones mundiales que han sido convocadas para esas fechas.

¡No más sangre! ¡No más hambre! ¡Trabajo y vida digna! ¡Respeto a los Derechos humanos y sociales! ¡Por una salida al desastre nacional con paz, justicia y dignidad!

Jornada 1 de septiembre. Mesa 5

Mesa 5 (E) Educación y Cultura

Desde la entrada del neoliberalismo a nuestro país en la década de los ochenta, los gobiernos en turno han abandonado de manera paulatina la educación pública, justificando y promoviendo de manera más agresiva la instalación de un esquema educativo privado.

En este sexenio del espurio impuesto por la oligarquía criolla e internacional, la educación es inducida e impuesta como una mercancía y no como un derecho inalienable del pueblo mexicano que da esencia y contribuye al desarrollo económico, tecnológico y social de cualquier nación.

Calderón y los apátridas violentan sistemáticamente el artículo 3o de nuestra Constitución Política. No hay en el esquema público, garantía de gratuidad en el nivel superior, los miles de rechazados en la UNAM, IPN, UAM y diversas universidades regionales o estatales dan cuenta de ello. Miles de jóvenes son excluidos de cualquier posibilidad de estudio, por ende desplazados de la sociedad al no tener oportunidad de estudio ni tampoco de empleo, son vulnerables, orillados a la vagancia, vicios, delincuencia y en muchos casos hasta el suicidio.

En la educación básica, las ultimas propuestas calderonistas son la escuela empresa o gerencial, donde se promueve un amplio espectro de conformismo al aplicar un sistema de estudio por "competencias", el más apto dicen ellos, tiene el derecho de pasar por encima de los demás compañeros.

Otro programa es el de "Escuela segura", donde se revisa la mochila del alumno con la finalidad de incorporar una psicología policial, violentando la intimidad del ser humano.

En educación especial a alumnos con necesidades distintas, el Gobierno Federal junto con televisa, canaliza su atención a través del "TELETON", restringiendo y excluyendo de presupuesto una vez más a las instituciones educativas públicas. 

La gratuidad, laicidad y obligatoriedad se viola flagrantemente por Calderón, Lujambio y cómplices quienes se han apropiado de planes y programas que convierten al docente en replicador y promotor de un sistema educativo privatizador.

La UNESCO recomienda para países como el nuestro, se destine el 12% del PIB, durante este sexenio, solo se ha destinado menos del 4% nulificando con esto la construcción de nuevas instituciones educativas que respondan a la demanda estudiantil; espacios de esparcimiento; espacios culturales que ahora los neoliberales ocultan a la sociedad o se apropian para explotarlos con fines de lucro y que decir de los salarios precarios.

El Gobierno Federal ha querido hacer responsables del desastre educativo a los maestros, lo cual, es totalmente falso.

No se puede estandarizar a los alumnos con esquemas de evaluación ajenos a nuestro país como el programa "ENLACE o PISA" que evalúan a nuestros niños como objetos y no como sujetos.

Por todos esto, los trabajadores y el pueblo de México nos hemos determinado a disputarles la nación a los neoliberales y en el caso de la educación, proponemos implementar un proyecto educativo que corresponda a la nueva nación, desprendiéndose con una pedagogía social.

Proponemos:

1.- Elaborar un diagnóstico nacional de la propuesta educativa neoliberal donde se ha implementado.

2.- Elaborar un diagnóstico de propuestas alternas construidas en los diferentes estados por el movimiento social y de los trabajadores de la educación para que se generalice en todo el país.

3.- Los diagnósticos tendrán que contemplar:

a) Presupuesto

b) Planes y programas

c) Normatividad y pertinencia

4.- Que la educación pública sea integral, se tome en cuenta a la sociedad, no para fiscalizar, sino para recuperar el conocimiento cultural, popular y comunitario.

5.- Reintegrar a la educación media superior al trabajo socialmente necesario, es decir que una vez que los jóvenes concluyan con sus estudios, tengan un lugar de trabajo digno y un salario justo.

Jornada 1 de septiembre. Mesa 3

Mesa 3 (C) DERECHOS SOCIALES (Laborales, Indígenas, Agrarios, Ambientales, de Género, etc.)

En esta coyuntura crucial, las y los trabajadores frente al quinto informe de gobierno de un régimen espurio y funesto, en la que plantea que ahora en el quinto informe de gobierno de una gestión presidencial marcada desde su inicio por el baldón de la ilegitimidad, estamos aquí mexicanos y mexicanas libres, para hacer oír nuestra voz, para dejar clara evidencia de que ni el cinismo de los “datos” oficiales, ni la propaganda desmedida sobre los logros del “gobierno”, ni las campañas criminalmente falsarias que repiten hasta el cansancio los medios masivos de comunicación (para apoyar los despropósitos y mentiras viles que emitirá su empleado, el espurio “presidente” de la República) tienen que ver nada con la realidad.

En la economía “avanzamos hacia el crecimiento”; en seguridad pública “estamos ganando la guerra”; en programas sociales “alcanzamos niveles nunca antes vistos”; frente a todo ello, la realidad indica que la economía familiar está cada vez en peores condiciones, que el terror es la constante en innumerables localidades del país, que la delincuencia organizada gana cada vez más espacios y, en muchos lugares, se ha convertido en el verdadero y real poder en la sociedad, ante la impotencia y/o complacencia de diversos niveles de autoridades.

La mentira es, como ha sido durante los gobiernos panistas y como lo era en la etapa de sus antecesores, la constante, el método de funcionamiento y la estrategia privilegiada. En el terreno del trabajo, de los derechos laborales y del sindicalismo, la situación no es distinta; se habla de “recuperación del empleo”, de “respeto a los derechos laborales”, de “recuperación del poder adquisitivo” y de otros aspectos igualmente “benéficos”; la realidad no solo es distinta, sino radicalmente antagónica,

Para ilustrar lo anterior, mencionaremos a continuación solamente de tres aspectos: la vigencia de la libertad sindical, la proliferación del outsourcing y la amenaza de reforma laboral.

Indudablemente el sindicalismo y las y los trabajadores han enfrentado a lo largo de la historia moderna del país innumerables acechanzas, ataques brutales, represión, golpes a sus derechos y en general los efectos de una ofensiva sistemática que ubica a la libre y autónoma organización de las y los trabajadores como un importante enemigo a vencer para preservar el modelo de dominación y explotación predominante. Huelga decir que de 1982 a la fecha, período que claramente acota la etapa neoliberal, esta situación se ha agudizado en todos sus órdenes, con un recrudecimiento importante durante los dos últimos sexenios panistas.

Hablar entonces de la ofensiva contra las y los trabajadores y el movimiento obrero no se refiere a un fenómeno nuevo, sino más bien a una situación con la que hemos convivido durante cuando menos las tres últimas décadas. No obstante, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que dicho ataque sistemático nunca ha sido tan de fondo como el que vivimos en los días actuales. Muchos son los elementos al respecto pero no puede cuestionarse que la intención por culminar el proceso descrito se concreta en la pretensión de imponer una reforma patronal y regresiva. Vigencia de la libertad sindical.

En el marco de su estrategia antilaboral y antisindical el gobierno y sus aliados ubican como una de sus prioridades el impedir el crecimiento o la consolidación del sindicalismo democrático y auténtico. Ello los ha llevado a establecer lineamientos y políticas en las que se ponen todos los obstáculos, pacíficos o violentos, legales o ilegales, al ejercicio de derechos humanos, laborales y sindicales de toda índole. De manera inevitable, esta línea de acción se traduce en la violación de legislaciones nacionales e internacionales sobre los temas marcados.

En este trayecto el gobierno panista ha sufrido consecuencias de las que no ha salido ileso, particularmente a nivel internacional y a raíz de que diversas organizaciones de dentro y fuera del país han emprendido acciones ante instancias en ambos niveles. Para ilustrar lo mencionado vale la pena referirnos a dos casos concretos.

En mayo del 2010 y en abril-mayo del 2011, del Tribunal Internacional de Libertad Sindical,

conformado por distinguidos juristas latinoamericanos y españoles, así como por  estacadas

personalidades de Estados Unidos, México y Europa se reunió y conoció, documentó y escuchó las denuncias de diversos sindicatos, trabajadoras y trabajadores. En ambas ocasiones condenó al gobierno mexicano por el abandono de sus funciones promotoras, tutelares y protectoras de la Libertad Sindical, y por la violación grave y sistemáticamente, por actos propios y por omisión, del derecho de Libertad Sindical.

Considerando fundadas las denuncias presentadas, el órgano colegiado calificó como incompatible el trámite de “toma de nota” con el Convenio 87 de la OIT, ratificado por el Estado mexicano; señalótambién que la arbitrariedad y la carencia de objetividad de la STPS en el otorgamiento de registro sindical, violan el Convenio 87 y 154 de la OIT, y que a su vez este tipo de injerencias influye en la existencia de los llamados “contratos colectivos de protección patronal”, a los que calificó como contrarios a la libertad sindical de negociación, por simular una negociación con representaciones ficticias que no reflejan una “negociación libre y voluntaria”, misma que vulnera los convenios fundamentales de la OIT, especialmente los Convenios 87, 98 y 154.

Finalmente, el Tribunal declaró al gobierno mexicano “responsable ante la comunidad internacional, de las violaciones cometidas a la libertad sindical” por lo que declaró a dicha comunidad “habilitada para perseguir tal perpetración de violación de derechos fundamentales del trabajo ante las instancias internacionales que correspondan y exigir el inmediato cese de tales prácticas”.

Una queja presentada por la FITIM, con el apoyo de la Confederación Sindical Internacional y de diversas organizaciones sindicales mexicanas, ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, contra la existencia en México de los contratos colectivos de trabajo de protección patronal. En marzo del 2011, el Comité emitió su informe 359, en el cual acepta la queja y dictamina sobre ella. 

Entre las recomendaciones emitidas destacan el llamado al gobierno de México para que inicie un diálogo con las organizaciones de trabajadores incluyendo a las querellantes, y se examine la situación de los sindicatos de protección en el país; en tal diálogo, dice el organismo, el gobierno debe de considerar “las cuestiones relativas a la representatividad mínima de las organizaciones sindicales para negociar colectivamente”, además de la actuación de las juntas de conciliación y arbitraje con relación a la duración de los procedimientos laborales. Pide además al gobierno que responda a los alegatos de las organizaciones querellantes y rinda un informe de las reuniones mantenidas.

De ninguna manera es casual que instancias como las mencionadas emitan los juicios referidos. En el seguimiento de libertad sindical en México realizado por el CILAS en 2010, resaltan los siguientes datos: Se analizaron, en una muestra no exhaustiva, 608 casos de denuncias de violaciones a la libertad sindical, en los que identificamos la presencia de actores, tipos de violación y sectores afectados, entre otras características.

El derecho más violado durante 2010 fue el que comprende el conjunto de los derechos civiles y libertades públicas, con un total de 43.20% de los casos y presentando agresiones físicas, represión y detenciones entre otros actos, como los más comunes contra sindicalistas que buscaron organizarse o los ya organizados que reclamaron respeto a sus derechos laborales. El 21.34% de los casos correspondieron a la violación al derecho de asociación, con la negación de tomas de nota o registros sindicales, entre otros.

Los sujetos que más sufrieron violaciones a la libertad sindical, con un 50% del total de los casos, fueron trabajadores en lo individual, seguidos del propio sindicato como sujeto de derechos colectivos con un 37% de las violaciones.

De manera nada sorpresiva, fue el Gobierno Federal el actor que más violó las garantías de

derechos laborales y colectivos de los trabajadores con un 34% de total de casos, seguido del capital privado y los líderes sindicales con 19% de total, para cada uno.

En la línea de aprovechar la pobreza para vulnerar la ley, la mayor cantidad de casos se concentró en los estados del país que corresponden a las 2 zonas socioeconómicas donde según el INEGI se presenta menor desarrollo social.

El desmesurado crecimiento del outsourcing Sin que tenga nada de casualidad, el outsourcing y la subcontratación se han colocado en el primer plano de importancia dentro de los temas que se abordan en las distintas iniciativas de reforma de la Ley Federal del Trabajo en nuestro país. Las consecuencias de este modelo de relaciones laborales, hoy privilegiado por el capital en el país, son terribles para las y los trabajadores que se encuentran bajo ese régimen: reducción de los derechos laborales, peores condiciones de trabajo, precariedad salarial y de acceso a los regímenes de seguridad social, inseguridad y aumento de los riesgos laborales, temporalización de las relaciones laborales y un largo etcétera que termina por afectar de manera concreta y seria a la misma organización sindical, al derecho de asociación y a la contratación colectiva.

Con datos oficiales referidos a lo que el INEGI denomina “personal ocupado por otra razón social” se puede constatar, en términos globales y sectoriales, la creciente presencia del fenómeno en los últimos años. Entre 2004 y 2009 esta modalidad de contratar personal creció 95.2 por ciento. Los servicios privados no financieros, el comercio y las industrias manufactureras son los sectores que más demandaron este tipo de personal. En general hablamos de 2’732,056 de personas bajo tal régimen. Vale mencionar también que de 1998 a 2004 este tipo de contratación tuvo una tasa de crecimiento un poco superior al 40%, mientras de 2004 a 2009, dicha tasa se eleva a 95% (!), lo cual es un dato asombroso, toda vez que, según los datos proporcionados por el INEGI, en el mismo período, la tasa de crecimiento de personal ocupado total es de 23.8%.

De manera significativa el tema del outsourcing ha sido ubicado por voceros gubernamentales, pero con mayor énfasis por portavoces de los empresarios, como uno de los dos o tres temas claves y más importantes (para ellos) de la pretendida reforma laboral. En realidad, lo que está detrás es la expectativa de concretar una modificación legal ampliamente anhelada por el sector patronal mexicano quien, a pesar de tener décadas abusando de los márgenes ofrecidos por la legislación laboral, necesita legalizar sus prácticas laborales.

Las propuestas de reforma a la LFT PAN. En la exposición de motivos de la propuesta de reforma del PAN, tras la retórica del “cambio necesario” para adecuar la LFT a la actualidad del modelo económico y productivo de México, se menciona que su planteamiento partiría de cinco “ejes rectores”. En uno de ellos, el eje 5, se menciona al outsourcing: “Fortalecer las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las

autoridades del trabajo, para lo cual se requiere […] regular la subcontratación, ercerización u outsourcing”.

PRD. Por su parte, el PRD aporta elementos muy interesantes e innovadores aunque, sentimos, falla en lo más importante: definir a la subcontratación. Lo anterior podría ser menor, pues en las demás propuestas se acota el problema.

A final de cuentas, la más alta responsabilidad política en la aprobación de una nueva versión de Ley Federal del Trabajo lesiva a los trabajadores corresponderá al PRI. Sin sus votos, para no hablar de la activa participación con su iniciativa, al PAN le resultaría imposible avanzar en la aprobación de una nueva ley con el enfoque patronal descrito. Es pues el PRI el que tiene la responsabilidad directa -con el PAN como responsable solidario- y quien tendrá que pagar de cualquier manera los principales costos políticos de frente a la población trabajadora.

La reforma laboral que viene La propuesta de reforma laboral presentada por el PRI en marzo de 2011, avalada y ampliamente aplaudida por el gobierno federal, los empresarios y el PAN, reproduce lo que sus antecedentes por cuando menos 20 años: sólo recoge aspiraciones de los patrones y omite las necesidades apremiantes de la clase trabajadora.

Estamos, sin duda, ante una iniciativa de reforma que flexibiliza y precariza todavía más las condiciones de trabajo de millones, en un país que lleva ya un proceso de casi 30 años de precarización y flexibilización de la mano de obra. Eso se refleja diáfanamente en los datos que (a partir de cifras oficiales) se reportan sobre empleo y desempleo, pérdida del poder adquisitivo, salario, cobertura y calidad de la seguridad social, ocupación formal e informal, empleo entre jóvenes, ocupación permanente y temporal, etc., etc.

Por otra parte, en estos más de veinte años que se habla de reforma laboral, en la práctica se han venido violando con total impunidad y de manera cotidiana los derechos laborales, sociales y económicos de las clase trabajadora y, en lugar de combatir este escenario de injusticia, el PRI lo que propone con su iniciativa de reforma laboral no es terminar con las violaciones sino legalizar lo que ahora es ilegal. Veamos algunos ejemplos.

Se da manga ancha a la flexibilización y precarización de la fuerza de trabajo, tal como la

contratación a prueba y para capacitación, lo que facilita a los empresarios contratar y despedir a su arbitrio y conveniencia, evitándoles el pago de las indemnizaciones que marca la ley… Se propicia la impunidad en casos de despido injustificado: limita el pago de salarios caídos a un año, legitima las renuncias en blanco y aumenta las causas de despido.

Con el pretexto de definir y normar el outsourcing, legaliza la tolerancia al abuso perverso de la subcontratación, con todas las implicaciones que esta tiene contra los derechos de las y los trabajadores. Sobre esa base permitiría que los patrones evadan sus obligaciones laborales.

Admite que el patrón fije salario y prestaciones de manera unilateral, sin intervención del sindicato; abre la puerta a la polivalencia, y al salario por horas que pulverizaría el sueldo de las y los trabajadores.

En su conjunto la propuesta priísta es un ataque al derecho de los trabajadores a organizarse al fragmentar e individualizar las negociaciones de todo tipo, pero eso sí, deja intocado el corporativismo sindical.

Los ejemplos anteriores, dejan ver que de consumarse esta reforma se estaría asestando el golpe más demoledor contra el futuro de millones de jóvenes mexicanos, a los cuales se les impediría la perspectiva de encontrar un trabajo digno.

Por más que desde el poder y los partidos se quiera engañar a la ciudadanía haciéndole creer que se trata de una iniciativa que fomentará el empleo, sabemos que se trata de una mentira. De lo que se trata es de ofrecer el país a la inversión privada, nacional y extranjera, con la ventaja para ésta de tener trabajadores mal pagados, sin prestaciones y bajo control para que no se organicen.

A manera de conclusiones, ante la coyuntura que enfrentamos y desde la óptica del movimiento de las y los trabajadores, podemos afirmar que:

1. Si prosperan los atentados contra el empleo y su estabilidad, la “legalización” del outsourcing o subcontratación, la práctica desaparición de la seguridad social y la eliminación de la concepción del trabajo como derecho y su aceptación como mercancía, entre otros aspectos, habrá un retroceso de más de un siglo en los derechos de las y los trabajadores.

2. Para que ello avance un requisito indispensable es desaparecer, o cuando menos nulificar, el papel social y la presencia misma del sindicalismo auténtico; de ahí los ataques desaforados y brutales contra organizaciones que claramente encarnan este modelo.

3. Durante mucho tiempo la ofensiva referida se ha expresado mediante medidas como la imposición de salarios de hambre, las trabas y represión contra las organizaciones  autónomas y la aplicación de la “justicia laboral” como un elemento más de sometimiento y control. Hoy, la pretendida reforma laboral oficial no haría más que institucionalizar estas prácticas.

4. A mediano y largo plazo, la ofensiva es contra la existencia misma del sindicalismo y su

razón de ser; el modelo que se persigue es uno en el que los sindicatos no tendrían objetivos, demandas o perspectivas que justificaran su existencia.

Frente a lo anterior es absolutamente necesario que el sindicalismo auténtico y en general el movimiento de las y los trabajadores se plantee objetivos a cumplir en el corto y mediano plazo.

Para terminar esta aportación puntualizamos algunos de ellos, en la inteligencia de que la extensión de este texto no nos permite extendernos en cada caso y de que hace falta el abundamiento y desglose respectivo; la reflexión al respecto, por cierto, es también una de las tareas urgentes.

1. Una prioridad absoluta es parar la reforma del PRI-PAN.

2. Paralelamente a lo anterior, no podemos quitar el dedo del renglón en cuanto a la defensa irrestricta de los derechos laborales contenidos en la LFT, así como la exigencia de su vigencia.

3. Frente al ataque frontal contra el sindicalismo auténtico, promover la organización autónoma de las y los trabajadores.

4. Incrementar en todo tipo de foros, particularmente los internacionales, la denuncia de las políticas gubernamentales en torno a la libertad sindical y a los derechos laborales.

5. En congruencia con los puntos anteriores, la solidaridad real y efectiva con los conflictos en curso es una tarea tan urgente como inevitable. En el panorama aquí esbozado debe quedar claro que el desenlace que tengan las luchas del SME, de los mineros y de la UNTyPP, por mencionar solo algunos casos, no tendrá que ver unicamente con casos particulares sino con la confrontación general a la que nos hemos referido.

Considerando que el 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, del DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que entró en vigor a partir del 11 de junio, reformas que son de gran trascendencia para nosotros los trabajadores, toda vez que, si bien es cierto, que el artículo 133 de la Constitución indica que todos los Tratados celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado serán la Ley Suprema de toda la Unión, con la inclusión en la Constitución del segundo párrafo en el artículo 1, se establece la obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano.

Entre los tratados internacionales que México ha firmado, se encuentran aquellos que establecen los derechos humanos laborales, como los siguientes:

• Declaración Universal de Derechos Humanos
• Carta de la Organización de Estados Americano (art. 29 b)
• La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
• Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre (XIV)
• La Convención Americana de Derechos Humanos.
• Carta Democrática Interamericana
• Carta Internacional Americana de Garantías Sociales
• El Protocolo de San Salvador
• La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento
• El Convenio 87 de la OIT
• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
• Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones depromover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

Sin embargo, durante décadas los trabajadores mexicanos hemos sido objeto de violaciones cotidianas a nuestros derechos humanos laborales por comisión u omisión de parte de las Secretarias de Trabajo y Previsión Social y Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Derechos reconocidos como fundamentales por la OIT, como la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, han sido sistemáticamente violados por las autoridades competentes en contubernio con los patrones que, como primera acción ante la formación de un sindicato, despiden inmediatamente a los trabajadores que se atrevieron a impulsarlo o a apoyarlo, sabiendo que en las juntas los juicios duran en el mejor de los casos 6 u 8 años y en el peor, 15 años o más. UNTyPP, HONDA, ATENTO, STRACC, etc.

Las autoridades laborales se niegan en los hechos a reconocer a los dirigentes elegidos por los trabajadores y a través del mecanismo de la toma de nota impiden el ejercicio libre y democrático de los trabajadores a elegir a sus representantes. (STMMRM, SME, ETC.), si bien el resolutivo de la Suprema Corte, expresa que las Juntas de Conciliación y Arbitraje dejen de seguir utilizando la toma de nota como un método de control de los sindicatos y se inicie una nueva época de respeto a la autonomía sindical, exijimos de respete la resolución de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la toma de nota del dirigente de los trabajadores mineros, pues de ser apegada a derecho, empezaremos a creer que es posible una nueva cultura laboral de respeto y reconocimiento a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Los Contratos de Protección Patronal son una realidad que impiden el ejercicio del derecho que los trabajadores tienen a contar con una representación real, que defienda sus intereses y les permita obtener los recursos necesarios para proporcionar a sus familias los satisfactores que le permitan una vida digna conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional.

Considerando que a partir de la entrada en vigor de las reformas constitucionales en materia de derechos Humanos, todos estos tratados están por encima de la Ley Federal del Trabajo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como los Tribunales en Materia de Trabajo, deberán considerarlos en las resoluciones de los juicios laborales y aplicarlos en lo que les beneficie a los trabajadores en los juicios que estén en curso.

Además de las modificaciones mencionadas, ahora en el tercer párrafo del artículo 1° constitucional dice: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley.”

Por lo anterior, es necesario realizar las acciones necesarias para asegurar a partir de ahora: el respeto irrestricto de todos los derechos humanos laborales de parte de las autoridades involucradas, así como la aplicación de todos los tratados internacionales que los tutelan, lo cual contribuirá a la restauración de los derechos fundamentales y por consecuencia al fortalecimiento del Estado de Derecho.

Sobre el saqueo de los recursos naturales se plantea que las condiciones laborales en las

compañías mineras son deplorables, lo que ocasiona una gran cantidad de accidentes de los

trabajadores mineros, en lo que va del sexenio 1650 trabajadores han perdido la vida, sin embargo, no hay castigo a los responsables, Germán Larrea del Grupo México, Calderón y Javier Lozano son el rostro de la impunidad.

México se ha convertido en botín de empresas mineras extranjeras sobre todo Canadienses

teniendo en la actualidad concesiones en el 20% del territorio nacional, llevándose entre el 97 y el 99 % de sus ganancias fuera del país. Tienen una serie de privilegios, no pagan: impuestos, agua, seguridad social, entre otros. Existe un plan para despojarnos de los recursos estratégicos, como el agua y una conjura de empresas extranjeras por apoderarse de nuestros minerales. El envío neto de oro al extranjero es ahora mayor que el oro que España se robó durante la Colonia. La firma del TLC ha entregado a USA Y Canadá nuestro  territorio y lo han aprovechado para su beneficio en contra de los intereses de nuestra Nación.

La minería a cielo abierto destruye ambientalmente el ecosistema de nuestro país, pues conlleva la destrucción y eliminación de la capa boscosa, la contaminación del suelo y acuíferos con mercurio, arsénico y plomo, la división de las comunidades, el soborno a funcionarios, la amenaza, desaparición forzada y la criminalización de los movimientos sociales. Convocamos a la unidad de todos para luchar contra la depredación de nuestro territorio.

Del Pueblo VICAM, Sonora, territorio de la tribu Yaqui se denuncian la violación constante de sus derechos sociales, se pretende construir el acueducto llamado “INDEPENDENCIA” para llevar agua del Novillo, una de las presas intermedias del sistema de la cuenca del río Yaqui formada por la presa la Angostura y el Oviachic, violando flagrantemente disposiciones jurídicas que otorgan protección a las Garantías Constitucionales a través de una medida cautelar precautoria urgente otorgado por un tribunal agrario a la Tribu Yaqui a favor de la demanda de restitución de aguas y un amparo interpuesto por los agricultores del Valle del Yaqui, contra la licitación del acueducto y ordena parar las obras. Por lo que desde este espacio de lucha exigimos se detenga inmediatamente la construcción del Acueducto y se respete el derecho colectivo del pueblo a Yaqui al agua, a un ecosistema sano, libre de salinidad, con vida silvestre y que se les permita mantener la producción agrícola que beneficia tanto al pueblo yaqui como a los habitantes de Hermosillo.

El derecho a la información ha sufrido un retroceso en este sexenio, con una ley retrograda que mantiene en manos privadas el control de los medios de comunicación que impide que se cree y fortalezca el sector social y público de medios, así como el control gubernamental, la manipulación mediática de la información, por lo que no existe el derecho a la comunicación como derecho social.

La contrarreforma a 17 Constituciones locales que cancelan los derechos humanos de las mujeres y le dan derecho de personas nacidas al ovulo recién fecundado. Hay derechos a los anticonceptivos pero no hay disponibilidad de ellos en amplias zonas del país. Está vulnerado cualquier esquema de salud preventivo por el crecimiento del hambre, el desempleo, salarios miserables. Desesperanza por la falta de certeza de trabajo y vida plena, por ello están creciendo: las enfermedades de la pobreza, así como la diabetes, la anorexia, la bulimia y todas las adicciones. A la violencia del estado neoliberal, se suma la violencia de género, que va del piropo grotesco al feminicidio. Existen mujeres presas por abortar, lo cual además de denunciarlo, exigimos su inmediata liberación.

Los migrantes no son ilegales, sino seres humanos en estancia irregular, por lo que no se les debe criminalizar sino respetar sus derechos humanos, sus derechos al trabajo. Por lo que convocamos a luchar por su defensa.

La mesa propone a la Asamblea Nacional de Indignados para el plan de acción.

Una Jornada Nacional que abarca las siguientes fechas: 

6 de octubre: Día Internacional del Derecho al Habitad y la Vivienda.

16 de octubre: Día Internacional del Derecho a la Alimentación.

25 de noviembre: Día Internacional de la no Violencia contra las Mujeres y el reconocimiento del Valor del Trabajo de las mujeres en el hogar.

Convocatoria Nacional de Resistencia y Lucha contra cualquiera de los Megaproyectos en todo el País

Por todo lo anterior se declara:

“DESASTRE NACIONAL” por el incumplimiento de todos y cada un de nuestros DERECHOS

SOCIALES.

PORQUE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO SOMOS LOS DUEÑOS DEL PAÍS.

PORQUE LOS TRABAJADORES SOMOS LOS QUE GENERAMOS LA RIQUEZA.

VAMOS POR NUESTROS DERECHOS CONSTITUCIONALES

VAMOS POR TODOS NUESTROS DERECHOS LABORALES

VAMOS POR NUESTROS DERECHOS SOCIALES

Jornada 1 de septiembre. Mesa 2

MESA 2 (B) SEGURIDAD NACIONAL, PAZ Y DERECHOS HUMANOS.

Presidente: José Antonio Almazán González

Moderador: Hugo Ortega Comezaña

Relatores: Maribel Rosales, Ricardo Ortega Comezaña.

1.- Rechazo rotundo y total a la iniciativa de ley de seguridad nacional por ser un instrumento para criminalizar la lucha de los movimientos sociales y para el sometimiento del pueblo.

2.- Por el respeto a los derechos de las mujeres y la aplicación de la justicia a cualquiera que los violente.

3.- Nos oponernos a la ley de seguridad nacional rotundamente, para que valga la pena nuestros muertos.

4.- Por la atención gratuita a los pacientes psiquiátricos y presupuesto a las instituciones que los atienden y acompañan en su tratamiento.

5.- Propuesta de nuevo gobierno, nueva forma de organizarnos desde la perspectiva del pueblo.

6.- por la organización continua y cada vez más amplia del pueblo y los trabajadores para dar la batalla, para recuperar y reconstruir al país.

7.- Por la permanencia del campamento en el zócalo como símbolo de la recuperación del territorio nacional.

8.- Por la unidad de esta jornada con la carta a los dirigentes que presenta la opt (organización política del pueblo y los trabajadores), y la firma voluntaria de todos y cada uno en este documento.

9.- Foros de denuncia ciudadana sobre violencia, y mas situaciones degradantes.

10.- Sumar a cada mexicano indignado para defender lo que nos queda del pais. Y con ello levantar el espiritu de nuestra raza.

11.- Ubicar a los “gobernantes” como servidores públicos, no son patrones.

12.- 365 días de duelo por todos los muertos.

13.- No compremos a las transnacionales.

14.- Que en México haya votación obligatoria. Asumir las responsabilidades electorales que tenemos con el país.

15.- Que los candidatos a gobierno presenten un informe con todo lo relacionado con su vida privada, pública y educativa para conocerlos.

16.- Por la defensa del zócalo como espacio de expresión del pueblo.

17.- Participar de forma activa en los procesos electorales.

18.- Que se retire el dinero a los banqueros y se use para obras nacionales.

19.- No mas financiamiento a los militares.

20.- Se reitera la solidaridad y apoyo para el SME ejemplo de dignidad y lucha.

21.- En contra de la militarización del país, el regreso a los cuarteles de las tropas.

22.- Respeto a la autoridad de los pueblos y organizaciones, lenguas, usos y costumbres.

23.- Manifiesto nacional en contra de la modificación al artículo 29 constitucional, agregando el resultado de las cinco mesas de trabajo.

24.- Revocación de mandato a los gobernantes que no accionan para beneficios del pueblo.

25.- Acceso a los estudios superiores para todos los estudiantes.

26.- Llamar crímenes de estado a todas las vidas que se han perdido como consecuencia de las políticas establecidas por el gobierno de Calderón.

27.- Impulsar el juicio político a calderón.

28.- Impulsar una iniciativa de ley, derecho a decidir y la obligación de consultarnos por parte de los políticos y tomar en cuenta nuestras definiciones para establecer políticas públicas.

29.- Por la unidad del movimiento obrero, campesino, estudiantil, amas de casa, maestros etc.

30.- Crear conciencia, organización y dar la batalla pugnando por libertad, justicia y dignidad.

31.- Ningún voto al PRI ni al PAN.

32.- No a la militarización de Necaxa y del territorio nacional.

33.- Que se respeten las leyes y se apliquen con justicia y legitimidad, para todos.

34.- Justicia laboral para todos los trabajadores sin distincion, sin exclusion.

35.- Por contrato digno, contratación colectiva, para todos los trabajadores, porque lo mismo es morir en un reten o en fuego cruzado que morir en un centro de trabajo enterrado en una mina o en un poste colgado por falta de medidas en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo todo esto es un crimen de estado .

36.- Considerar los puestos de poder y gobierno como una instancia desde la cual se escucha al pueblo y se realicen acciones para satisfacer sus demandas y sus necesidades y sus aspiraciones.

37.- Que los diputados no se reelijan y se puedan juzgar como un civil mas. Si es culpable que se le castigue.

38.- Cese la persecución de los luchadores sociales y del pueblo, libertad a los presos políticos del SME.

39.- Trabajar por un mundo mejor para nuestras generaciones futuras, representarnos a nosotros mismos y sacar a los oligarcas del poder.

40.- Basta de abusos del gobierno! Organicémonos y auto gestionemos en favor de nuestras comunidades.

41.- Campaña “un millón de cartulinas” en contra de la ley de seguridad nacional. Que el 15 de septiembre salgamos a pegarlas (ejercicio de organización).

42.- Reconocimiento al SME como ejemplo y guía para los de abajo e invitación a sostenerse en la lucha cumpliendo así su papel en la historia.

43.- Que Calderón no llegue a jubilarse pugnar por su juicio político:

44.- Que exista la figura de vicepresidente.

45.- Arraigo, auditoria y juicio político a todos los servidores públicos en todos los estados de la republica.

Jornada nacional de los indignados y agraviados por las políticas del gobierno espurio.