Jornada 1 de septiembre. Declaración final

DECLARACIÓN FINAL

JORNADA DE L@S INDIGNAD@S Y CONTRAINFORME POPULAR

1º. DE SEPTIEMBRE, ZÓCALO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Al Pueblo de México

A la opinión pública nacional e internacional

Hermanas y hermanos mexicanos,

Nosotros y nosotras, integrantes de organizaciones y movimientos sociales; acampados y manifestantes; trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, ambientalistas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ciudadanos y ciudadanas no organizados, nos hemos encontrado en este Zócalo de la ciudad de México para expresar la indignación que recorre el país y para dar cuenta del verdadero estado que guarda la nación; un contrainforme popular al Informe seguramente perverso y lleno de mentiras que el ilegítimo jefe del ejecutivo dará este primero de septiembre, al que ya se califica de “Quinto Infierno de Gobierno”.

La verdad es que el país no aguanta más. Se precipita en el desastre de la violencia cotidiana y generalizada, en el desempleo y el hambre, en la violación de los derechos más elementales, en la destrucción del tejido social, en la pérdida de los valores humanos. En cinco Mesas de Análisis, expertos, dirigentes sociales y ciudadanos comunes hemos hecho el diagnóstico nacional y expresado nuestras aspiraciones y alternativas.

El país entero se encuentra sumido en una “guerra” absurda provocada por el propio gobierno federal y los intereses norteamericanos, que ha dejado ya un saldo de 50 mil muertos y desaparecidos, en el que las víctimas inocentes de la violencia se multiplican en la mayor impunidad y en medio de una creciente militarización de la vida nacional que sólo está consiguiendo sumir a México en el horror. El propio estado es el primero en contribuir al ejercer la violencia en contra de la población descontenta y criminalizar la protesta social.

Tal estado de violencia acompaña a una crisis económica interminable que cancela las posibilidades de desarrollo soberano y endeuda cada vez más a los mexicanos, en beneficio de algunos cuantos grandes empresarios y de los grandes capitales extranjeros. Petróleo, electricidad, minas, redes de fibra óptica, obras públicas, agua, gas, bancos, comercio, tierras, centros ceremoniales milenarios, playas, fondos de pensión, presupuestos educativos, biodiversidad y todo aquello que pueda dejar alguna ganancia ha sido saqueado a través de procesos de privatización ilegales, contraviniendo los Artículos 3º, 27º, 28º y 123º de la Constitución.

En cinco años de gobierno usurpador, el panorama es desolador: el número de pobres creció en 10 millones; los ingresos de trabajadores y capas medias disminuyeron en casi un tercio; los nuevos desempleados aumentaron en 3 millones, en tanto 7 o más millones de jóvenes carecen de empleo y de la oportunidad de asistir a la escuela. La dependencia alimentaria, el despojo de los bienes nacionales y la desarticulación sistemática de todo proyecto o propuesta de soberanía económica, política y cultural, nos condenan a vivir en situaciones de pobreza, inseguridad, discriminación y explotación, semejantes a las vividas en épocas de servidumbre y dictadura abierta. Los damnificados de la crisis y el modelo económico que la causó proliferan en todas partes, huyen del país principalmente a Estados Unidos, potencia que extiende cada vez más su injerencia sobre el destino de nuestra nación.

Tal desastrosa política económica neoliberal se da a costa de todos los derechos

sociales, los que van retrocediendo un siglo. En medio de los ataques a las organizaciones sindicales democráticas e independientes que existen en el país, como las de electricistas y mineros, se amenaza ahora con una reforma laboral que busca legalizar las más brutales violaciones de los derechos de las y los trabajadores. La justicia y el reconocimiento de los derechos y cultura de los pueblos originarios sigue siendo un pendiente histórico, lo mismo que la democracia, secuestrada por intereses económicos, mafias y aparatos partidarios.

Por estas y muchas otras razones contenidas en el Contrainforme Popular es que los mexicanos y las mexicanas estamos cada vez más indignados, verdaderamente “encabronados”. Exigimos, entre otras cosas, el regreso del ejército a sus cuarteles, el fin de la guerra absurda de Calderón y de la impunidad; la renacionalizaación irrestricta de la Industria Energética; la puesta en marcha de políticas que garanticen la Soberanía Alimentaria y la justicia social en el campo; una agresiva defensa del Medio Ambiente y de lucha en contra del cambio climático; el cabal respeto a los Derechos y Culturas de los Pueblos y Naciones Originarias; la aplicación plena del derecho a la Educación Pública, Gratuita y Laica; el ejercicio franco de la totalidad de nuestros derechos laborales; el goce de nuestro Patrimonio Cultural y Arqueológico; el desarrollo amplio de la Investigación Científica y Tecnológica; el derecho a la Vivienda Amplia y Digna, en un entorno democrático y de convivencia social; el ejercicio pleno de los Derechos Políticos y Libertades Democráticas con democracia participativa; el castigo ejemplar a los torturadores y violadores de derechos humanos. En particular, llamamos a defender y reforzar este digno campamento en el Zócalo y exigimos la solución definitiva a las justas demandas del SME: libertad a sus presos políticos, toma de nota inmediata a la dirección del sindicato, devolución de las cuentas del SME, solución de fondo por medio del reconocimiento del patrón sustituto o la creación en el Congreso de un nuevo organismo que brinde el servicio público de electricidad n el centro del país.

Creemos que ya es tiempo de que se haga escuchar el clamor nacional por justicia, en una sola voz, con tal fuerza que sacuda la conciencia de la sociedad, cimbre a los de arriba, obligue a los poderes, intereses y mafias que pretenden que todo siga igual a dar paso a una salida nacional que ponga freno al desastre y la violencia, restituya el tejido social, los cimientos de la nación.

Sabemos que eso sólo será posible con un gran proceso de convergencia social nacional. Por ello estamos reunidos hoy en el Campamento de los Indignados en el Zócalo de la ciudad de México, para hacer escuchar que “estamos hasta la madre”, para que se escuchen todas la voces, todos los descontentos, todas las reivindicaciones, para que juntos encontremos una salida en la quepamos todos. Este es sólo el inicio de una gran movilización social. Por eso es que anunciamos hoy primero de septiembre del 2011 que:

* Hemos decidido constituirnos en Asamblea Permanente de las y los Indignados Mexicanos

* Convocamos a movilizarnos el próximo 8 de septiembre con los usuarios de energía eléctrica

* Convocamos desde ya al mayor punto de convergencia nacional de todas las organizaciones, movimientos, luchas, agraviados, descontentos, en las jornadas de movilización del 12 al 15 de octubre, a la par de las movilizaciones mundiales que han sido convocadas para esas fechas.

¡No más sangre! ¡No más hambre! ¡Trabajo y vida digna! ¡Respeto a los Derechos humanos y sociales! ¡Por una salida al desastre nacional con paz, justicia y dignidad!